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El secuestro de Europa

En contra de lo que se nos quiere hacer ver, el referéndum al que
estamos convocados el próximo 20 de febrero no consiste en dar un sí
o un no a Europa, sino en respaldar o rechazar un determinado modelo
de Europa. Si el Tratado Constitucional fuera rechazado, sólo
supondría que sería necesario preparar un nuevo texto y se abriría la
posibilidad de un proceso más transparente y democrático en su
elaboración y más respetuoso con los derechos en su contenido. Los
catastrofismos, pues, sólo pueden atribuirse a la ignorancia o a una
descarada voluntad de confundir, e incluso de chantajear, a los
ciudadanos.
Aunque escribieran hace unos días Shröder, Rodríguez Zapatero y el
presidente checo, en un artículo en El País, que esta
Constitución “sólo comporta avances y no introduce ningún paso
atrás”, ello no es cierto, porque sus supuestos aspectos positivos
quedan reducidos a mera retórica o a cuestiones insignificantes, al
no establecerse garantías para su puesta en práctica, mientras que se
constitucionaliza el más descarnado modelo neoliberal, tecnocrático,
militarista y con gravísimos déficits democráticos: énfasis en
el “mercado libre y no falseado, altamente competitivo”,
independencia -o sea, no control- del Banco Central Europeo,
compromiso de los Estados en mejorar sus capacidades militares y
en “prevenir conflictos” en estrecha colaboración con la OTAN,
concentración de las funciones legislativas y ejecutivas en el
Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, relegando a la Comisión y,
sobre todo, al Parlamento (única institución elegida) a un papel
secundario, y -lo que es, quizá, más grave de todo- devaluación de
los derechos sociales y culturales que sí están recogidos en las
constituciones de los Estados miembros, por ejemplo en la española, y
que a partir de ahora, si se aprueba el texto que nos presentan, se
verán recortados.
Tres ejemplos de esta devaluación, entre otros muchos, son la
sustitución del derecho al trabajo y a tener un empleo digno por el
simple derecho (de mucho menor alcance) “a trabajar y a buscar
empleo”, la sustitución del derecho a una vivienda digna por “una
ayuda en materia de vivienda” y la sustitución del concepto
de “servicios públicos” por el de “servicios de interés económico
general”, abriendo de par en par la puerta a las privatizaciones en
todos los ámbitos.
En cuanto al grado de progresismo de las innovaciones, bastaría
señalar, sobre la más publicitada de todas, la de “iniciativa
popular”, que después de la necesaria recogida de un millón de
firmas “procedentes de un número significativo de Estados”(?), no hay
obligación alguna de someterla a consulta popular, porque no es
vinculante, ni de respetar su contenido. Su significado no es otro
que el de “solicitar a la Comisión que presente una propuesta”; es
decir, se trata sólo del viejo buzón de sugerencias .
Ante todo esto, que puede comprobar quien tenga la paciencia de
leerse los cientos de páginas de esta Constitución europea y sus
protocolos adjuntos, resulta una falsedad evidente la afirmación
repetida días atrás por el secretario general del PS francés, para
convencer a sus propios afiliados de que apoyaran el sí, de que “la
Constitución no impone un modelo” por lo que dentro de ella, si en el
futuro “los ciudadanos votan a mayorías de izquierda, se podrá dar un
giro de izquierda a la construcción europea”. Por el contrario,
establece un rígido marco neoliberal, con un modelo económico,
social, político y cultural que es incompatible con una Europa
social, plural y democrática, basada en los derechos humanos y de los
pueblos que la componen. Y como para variar cualquier punto de
mediana importancia se prescribe la unanimidad de los 25 Estados
actuales, más los que entren en el futuro, resulta prácticamente
imposible modificar dicho marco o realizar desde él políticas que no
sean neoliberales, militaristas y escasamente democráticas.
Por eso resulta lamentable, por demagógico, aunque ello sólo pueda
sorprender ya a los ingenuos, que la Confederación Europea de
Sindicatos [donde están CCOO y UGT] considere que esta Constitución,
aunque sea “imperfecta y con algunos (?) puntos débiles, debe ser
considerada como el punto de partida de un largo proceso y no como el
final”. Ello podría ser así si el texto fuera menos rígidamente
neoliberal, si instituyera un Parlamento con plenas funciones
legislativas y si no estableciese condiciones imposibles para su
modificación. Pero como esto no es así, el señalar que hay que
apoyarla porque “es la única que tenemos encima de la mesa” es
justamente renunciar a otro texto alternativo que hiciera posible una
Unión Europea diferente.
Y tampoco es cierto que sea mejor esta Constitución que ninguna: el
argumento sólo podría considerarse si Europa se encontrara en una
situación de excepcionalidad política que no existe. La unanimidad
entre los partidos de la derecha, la cúpula de los partidos
socialistas europeos y la burocracia sindical a favor de esta
Constitución, que impide cualquier otro proyecto para nuestro viejo
continente, debería ser, ya de por sí, sospechosa. Como sospechosa,
por sectaria, es también la posición de cierta izquierda que, sobre
la base de un antinorteamericanismo visceral, piensa que cualquier
Europa fuerte, como no sería buena para Estados Unidos, es buena para
el mundo. Aunque el modelo de esa Europa se acerque, cada día más, al
modelo supuestamente rechazado y sea otra punta de lanza para el
avance de la globalización mercantilista.

Isidoro Moreno
Catedrático de Antropología de Sevilla
Europa Sur, 18/12/2004